VOX EXIGE EL FIN DE LAS RESTRICCIONES A LA LIBRE CIRCULACIÓN ENTRE LAS ISLAS BALEARES Y DENUNCIA EL SISTEMA BASADO EN LA AGENDA 2030

La portavoz del Grupo Parlamentario VOX en las Islas Baleares ha denunciado hoy el "secuestro burocrático" al que están siendo sometidos los ciudadanos del archipiélago. Según la formación, las políticas de movilidad actuales, basadas en cuotas de entrada de vehículos y restricciones medioambientales, están vulnerando el derecho constitucional a la libre circulación, convirtiendo los desplazamientos entre islas en un proceso arbitrario y punitivo para los residentes.

El desarrollo de normativas que limitan el acceso de vehículos a islas como Formentera, y la intención de extender estos modelos al resto del archipiélago, ha generado situaciones de indefensión jurídica. VOX ha señalado casos críticos donde errores en plataformas web o la titularidad de los vehículos están derivando en sanciones desproporcionadas de hasta 1.000 euros. Además, se han reportado embargos de sueldos por multas notificadas con tres años de retraso, lo que el partido califica de "persecución administrativa".

La portavoz de VOX ha sido tajante al declarar: "Los residentes de Baleares nos hemos convertido en extranjeros en nuestra propia tierra. Es inaudito que mientras nuestras fronteras nacionales son un coladero, un ciudadano de Baleares no pueda ir a Formentera a ver a su familia con su coche porque el cupo está lleno o porque su vehículo no es eléctrico".

Desde la formación se apunta a que estas medidas no responden a una gestión técnica del tráfico, sino a la implantación ideológica de la Agenda 2030. "Estamos ante un experimento del laboratorio globalista. Usan conceptos como 'sostenibilidad' para camuflar lo que en realidad es un control absoluto sobre el movimiento del ciudadano y la implantación de sus “Ciudades de 15 minutos.", ha afirmado Manuela Cañadas.

VOX se reafirma como la única formación que exige el fin inmediato de estas "fronteras artificiales" entre islas. El partido defiende que el derecho a la movilidad no puede estar sujeto a la capacidad económica para adquirir un vehículo eléctrico ni a la disponibilidad de un cupo administrativo, exigiendo que se recupere la soberanía de los ciudadanos sobre su propio territorio.